El Convenio para la Diversidad Biológica firmado por 188 países durante la COP 15, el pasado 19 de diciembre y contempla una serie de metas para las naciones firmantes, entre ellas, la conservación del 30% de las áreas marinas y terrestres del planeta al 2030.
El objetivo es lograr que para 2030 todas estas zonas estén sujetas a planificación espacial participativa integrada que tenga en cuenta la diversidad biológica y/o procesos de gestión eficaces, abordando el cambio en el uso de la tierra y los océanos, a fin de que acercar a cero la pérdida de superficies de suma importancia para la biodiversidad, incluidos los ecosistemas donde habitan comunidades indígenas.
Para eso se acordó eliminar o reformar los incentivos perjudiciales para la biodiversidad en, al menos, US$500.000 millones por año, al tiempo que se aumenten los incentivos positivos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Se dispondrá de recursos concretos para este fin: el compromiso señala que serán US$200.000 millones anuales de fuentes públicas y privadas para financiar y ejecutar planes y estrategias relativas a la biodiversidad.
“Creo que ese ha sido el aprendizaje de los últimos 10 años; sin el sector privado, sin la sociedad civil, no vamos a lograr el cumplimiento de estos acuerdos”, explicó Patricia Morales, Gerente General de Filantropía Cortés Solari.
En esa línea, se velará porque las empresas transnacionales y las instituciones financieras controlen, evalúen y difundan con transparencia y regularidad sus riesgos y efectos para la biodiversidad además sus operaciones, cadenas de suministro y valor de sus carteras.
Fuente: El Mostrador TV
