Eduardo Galaz
Asesor en Conservación de la Fundación MERI.
Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018, en promedio el 43 % de la población entre 18 y 45 años ha votado en las elecciones de los últimos años por políticos cuya prioridad es el cuidado del medioambiente. Esto denota que la conservación de la naturaleza es algo esencial y prioritario, sobre todo para los más jóvenes. Es así que, en el contexto actual, la redacción de una nueva Constitución es el mejor escenario para concretar esta visión de un país más sustentable y coherente con la protección de sus ecosistemas.
Según el Observatorio Nueva Constitución, la mitad de los constituyentes electos provienen de listas que impulsan cambios radicales al sistema. Este giro histórico en la composición del poder ha desplazado a los partidos tradicionales para dar protagonismo a los independientes, lo que ha hecho renacer la esperanza en una sociedad cansada de abusos y que anhela cambios estructurales para el país. El despertar ciudadano abre el camino para una Constitución substancialmente distinta a la actual, incitando a pensar que una Carta Magna ecológica es posible.
Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018, en promedio el 43 % de la población entre 18 y 45 años ha votado en las elecciones de los últimos años por políticos cuya prioridad es el cuidado del medioambiente. Esto denota que la conservación de la naturaleza es algo esencial y prioritario, sobre todo para los más jóvenes. Es así que, en el contexto actual, la redacción de una nueva Constitución (que parte de una hoja en blanco) es el mejor escenario para concretar esta visión de un país más sustentable y coherente con la protección de sus ecosistemas.
Este alentador escenario plantea demandas concretas a los actores involucrados en la conservación de la biodiversidad que, en resonancia al momento histórico que vivimos, están convocados a ponerse a disposición de la Convención Constituyente, brindando los apoyos necesarios para la redacción de una “Carta Magna Verde” que establezca principios y derechos para abordar la crisis ecológica y climática que enfrenta el país. Por lo demás, el historial de conflictos ambientales a nivel nacional indica que una Constitución ecológica resulta más que pertinente para tratar problemáticas relacionadas con proyectos mineros, centrales termoeléctricas, contaminación de ríos, entre otros.
Las expectativas en el proceso constituyente son altas, ya que podría sentar las bases legales en temas medioambientales claves como la protección del patrimonio natural, la relevancia de los servicios ecosistémicos, consagrar el derecho humano al agua, asegurar mecanismos de participación ciudadana y mejorar los sistemas de gobernanza para garantizar un desarrollo más sostenible. Precisamente, hoy tenemos la oportunidad única de provocar ese cambio y generar una nueva Carta Fundamental para el Chile de las próximas décadas.
Fuente: El Desconcierto
